Aprender de la crisis: hacia una renovación de la función pública

No voy a entrar a valorar las medidas anunciadas por Zapatero porque creo que debe continuar su trámite y las reuniones que se están manteniendo deben servir para terminar de definirlas. Ahora bien, creo que la crisis debe servir para modificar determinadas cuestiones, tanto de la sociedad en general como de las instituciones y administraciones públicas en particular. Y una de ellas creo que debe ser la de poner encima de la mesa la revisión de la función pública.

Tenemos una función pública encorsetada y una sociedad que en buena parte, desde su incertidumbre, quiere instalarse en la certidumbre de un puesto de trabajo fijo. Las administraciones públicas, en el afán de dotar de mejores servicios al ciudadano, han apostado por una plantilla laboral en muchas ocasiones extensa que debe adaptarse a los tiempos.

Sería recomendable y casi exigible, por tanto, empezando por lo más banal que tanto la función pública como quienes tienen encomendada la dirección de sus unidades fueran empleados digitales; esto es, estuvieran preparados para dar un servicio eficaz en la llamada e-administración.

No sería menos importante, por otra parte, introducir mecanismos que potenciaran la productividad, haciendo compatible esta con la conciliación familiar y la racionalización de horarios.

Deberían introducirse mecanismos correctores, con indicadores que premien y que refuercen y con otros que congelen o castiguen la poca productividad. Considerar el avance en la función pública únicamente a través de los concursos de traslados es guiarse por mecanismos anquilosados.

Hay que apostar, además, por refuerzos positivos y por espacios de distensión y de confraternización. Por asumir compromisos sociales desde el puesto de trabajo y por implicarse dedicidamente en el desarrollo de la administración.

Con esto creo que se entederían mejor determinados ajustes. Sobre todo porque uno tiene que sentirse parte de algo y recíprocamente hay que ser corresponsable. Hay que ir, en definitiva, a una política de recursos humanos más que de la función pública. Algunas administraciones, simbólicamente al menos, ya están dando pasos en esta dirección. Como lo que está en juego es el progreso y la credibilidad de las propias instituciones supongo que los sindicatos serán los primeros interesados en allanar este camino demostrando modernidad y coherencia. La crisis nos abre, en este terreno, una vía que hemos de aprovechar. Hagámoslo