Devolución de competencias autonómicas

Canarias debate hoy una cuestión curiosa, por hacer una reflexión leve al principio de este post. En medio de comunidades que actúan como punta de lanza de una desmantelación de las competencias del estado, una comunidad como la canaria quiere deshacerse de una competencia que ciertamente puedo llegar a entender por la problemática que conlleva su gestión en un lugar con la situación geográfica de las Islas Canarias.

Paulino Rivero, el presidente autonómico, quiere devolver al estado las competencias sobre menores inmigrantes.

Sin poder hacer una lectura jurídica al asunto, pero intentando aplicar criterios políticos y por encima de todo de sentido común, tengo que decir que para empezar, porque todo es matizable, la propuesta me parece un acto de cobardía y de arrogancia a partes iguales.

Cobardía porque asume la incapacidad de poder hacer frente a un problema. Arrogancia porque se olvida de la corresponsabilidad que otras comunidades autónomas, supongo que intermediación del estado mediante, han tenido con Canarias a cuenta de la reubicación de menores inmigrantes. Extremadura, sin ir más lejos.

Es matizable porque el problema de la inmigración ilegal en un lugar como Canarias es una cuestión de primer orden que hay que conocer, vivir y en ocasiones sufrir. Pero tampoco es menos cierto que el estado, a través de numerosos ministerios, ha venido aplicando medidas correctoras -aquello que se conoce como discriminación positiva, entiendo- que vienen a paliar las causas y consecuencias de la inmigración ilegal.

No obstante, bien podría aprobarse el tema y derivar en consecuencias, que puestos a hacer política ficción me atrevo a augurar.

En el terreno concreto del asunto - el de los menores inmigrantes - creo que podría desembocar a corto y medio plazo en consecuencias fatales para los propios menores. La devolución de la competencia llevaría aparejado, entiendo, el desentendimiento del asunto en cuestión y estaríamos abocados a considerar a los menores como maletas o bultos en busca de destino.

En términos generales, a mi modo de ver, sentaría peligrosos precedentes.

Por una parte, porque la devolución de una competencia concreta al Estado desde el prisma reducido de autonomía tendría infinitamente menor repercusión que si por cualquier circunstancia excepcional el Estado, desde la visión más amplia que da el conjunto del país, se viera abocado en cualquier momento, algo no previsible, a restringir competencias autonómicas. Este caso conllevaría un escándalo de proporciones considerables, estoy seguro.

Y por otra, ya termino, abriría la puerta a la cobardía autonómica. A un concepto de nuevo cuño que podría definirse como la incompetencia para solucionar o ni siquiera afrontar cuestiones inherentes al desarrollo del propio territorio. La subsidiariedad, o la preocupación, compromiso o intervención en lo más cercano, hecha trizas. El estado autonómico pendería de caprichos. Eso sin pensar en cómo podrían utilizar algunas autonomías, en época de crispaciones o de cuestiones complicadas entre territorios, este precedente.

El debate, al menos, está servido en todas las autonomías. A no ser que alguna quiera empezar devolviendo la competencia de debatir al Estado